Jefe del Poder Judicial República Islámica de Irán
7 de diciembre de 2010
Su Señoría:
No hay duda de que usted estará al tanto del resultado del juicio y posterior apelación de la Sra. Fariba Kamalabadi, el Sr. Jamaloddin Khanjani, el Sr. Alif Naimi, el Sr. Saeid Rezaie, la Sra. Mahvash Sabet, el Sr. Behrouz Tavakkoli y el Sr. Vahid Tizfahm —las siete personas que antes de su arresto eran responsables, como miembros del grupo conocido como los Yaran, de administrar los asuntos sociales y espirituales de la comunidad bahá'í iraní.
Las vidas de estos siete bahá'ís representan no sólo las vidas de los bahá'ís de Irán, sino también las de aquellos iraníes con ideales altruistas y corazones nobles pertenecientes a todo credo y clase social. Son verdaderos ciudadanos de esa nación que se han esforzado por dedicarse al servicio de la misma. Sus lugares de origen están repartidos por el país entero —desde la capital hasta Sangsar, Yazd, Abadán, Ardistán, Mashhad y Urmía. Sus edades oscilan entre los treinta y siete y los setenta y siete años. Algunos tienen padres ancianos, y todos tienen hijos; el más joven de ellos tenía sólo nueve años cuando su padre fue arrestado. Sus profesiones también son variadas y consisten en especialista en psicología evolutiva, fundador de la primera fábrica automatizada de ladrillos, gerente de una fábrica textil, ingeniero agrícola, directora de escuela, trabajador social y optometrista. Junto con sus ocupaciones profesionales y responsabilidades familiares, han prestado, de forma puramente voluntaria, un distinguido servicio al pueblo de esa tierra, como, por ejemplo, en el avance de la mujer, en el fomento de la alfabetización entre la población en general del país, y en la provisión de medios de educación para los miles de jóvenes bahá’ís a los que se les ha denegado el acceso a universidades iraníes desde el inicio de la Revolución Islámica.
Convencidos de que no habían cometido ningún delito y ya que no existía prueba alguna para respaldar las acusaciones dirigidas contra ellos, tenían la firme esperanza de que mediante los procedimientos judiciales quedarían absueltos. Lamentablemente, hasta ahora han visto sus esperanzas frustradas, y el trato que han recibido ha violado injustamente toda norma legal y todo principio de justicia y equidad. Como atestigua la historia, siempre que ciudadanos
inocentes son llevados a juicios ficticios, es el sistema judicial mismo y aquellos que ejercen autoridad dentro de éste los que son juzgados ante la mirada pública. El caso de estas siete personas, el cual ha sido seguido desde el principio con interés creciente por parte de iraníes y no iraníes por igual, se ha visto continuamente marcado por violaciones tan atroces de la ley que se ha puesto en duda la adhesión al principio de justicia de un sistema que afirma defender
los valores islámicos.
La flagrante injusticia que representa la sentencia a diez años de cárcel impuesta a estos ciudadanos honrados y respetuosos con la ley nos obliga, como representantes ante Naciones Unidas de ciento ochenta y seis comunidades nacionales bahá’ís, a solicitarle que rectifique este grave error y otorgue a los acusados la justicia que se les ha denegado. Esta petición no sólo procede de sus correligionarios del mundo entero, sino también de Naciones Unidas, de
gobiernos y parlamentarios de diferentes partes del globo, de agencias de la sociedad civil y de humanitarios y pensadores sociales; todos ellos han unido sus voces a las nuestras para pedir la liberación inmediata de estos agraviados.
Las autoridades del Ministerio de Inteligencia, haciendo uso de distintas medidas reprobables (detención ilegal, denegación de acceso a representación legal adecuada y métodos de interrogación que infringen los principios de una conducta civilizada y tienen el propósito de extraer confesiones falsas), las cuales transgreden incluso la ley actual del país, hicieron todos los esfuerzos posibles por formular cargos contra ellos. A pesar de esto, los fiscales finalmente
fueron incapaces de presentar ninguna prueba convincente a favor de sus acusaciones. En lugar de ello, pusieron de manifiesto las viles conspiraciones de ciertas autoridades, así como la conducta inhumana y los móviles siniestros de los interrogadores. De hecho, lo que queda ahora claramente visible para todos es la voluntad de las autoridades de pisotear los principios mismos de justicia que son responsables de defender en nombre del pueblo de Irán.
El juicio mismo estaba tan carente de la imparcialidad que debe caracterizar las diligencias judiciales que el proceso resultó ser una auténtica farsa. Los acusados, seguros de su propia inocencia y sin nada que ocultar, pidieron una audiencia pública. Cabría preguntar entonces, ¿cuál fue la razón por la que el juez declaró los procedimientos "abiertos y públicos" y, sin embargo, rechazó la petición de asistencia de observadores, entre ellos representantes de misiones diplomáticas? ¿Por qué se dificultó tanto la asistencia de las familias de los acusados al juicio? ¿Por qué los periodistas fueron excluidos y se permitió la presencia activa de cámaras del gobierno? ¿Cuál fue el motivo para permitir la presencia amenazadora de agentes del Ministerio de Inteligencia a lo largo del juicio? ¿Cómo es que el veredicto emitido por los jueces pudiera tildar la religión de los acusados de "secta descaminada"? ¿No es ésta una señal clara de que el tribunal ha violado el principio legal de neutralidad? La conclusión evidente es que tales acciones han sido motivadas por un prejuicio ciego y por odio contra la comunidad bahá’í a raíz de sus creencias religiosas. ¿Cómo puede construirse una sociedad justa o un mundo justo sobre los cimientos de la opresión irracional y la denegación sistemática a una minoría de sus derechos humanos fundamentales? Todo lo que su país abiertamente defiende en la escena mundial se contradice con el trato que su propio pueblo recibe en su tierra.
El fallo que el tribunal de apelaciones dictaminó el 12 de septiembre de 2010 anuló el veredicto del tribunal de primera instancia relativo a los cargos de espionaje, colaboración con el Estado de Israel y proporción de documentos confidenciales a extranjeros con el propósito de minar la seguridad del Estado. Aquel tribunal de primera instancia ya había hallado a los acusados no culpables de los cargos de “manchar la reputación de la República Islámica de Irán
en la escena internacional” y de “propagar la corrupción en la tierra”. Por tanto, lo que quedó del caso fueron los cargos relativos a las actividades llevadas a cabo por estos siete creyentes responsables de administrar los asuntos sociales y espirituales de la comunidad bahá’í de Irán. Mientras tanto, los jueces, bien conscientes de que no había prueba alguna para sustanciar las acusaciones de haber actuado contra los intereses de Irán y sus ciudadanos, se vieron presionados por las autoridades empeñadas en declararles culpables. Como consecuencia, el poder judicial decidió esencialmente tergiversar y presentar como ilegales las creencias religiosas de los acusados y su servicio prestado a la comunidad bahá’í —un servicio desinteresado que sus compañeros bahá’ís iraníes calurosamente agradecían y apreciaban.
Como resultado, cada uno de ellos fue condenado a diez años de prisión. Esta sentencia ha sido firmemente denunciada no sólo por los acusados mismos, sus familias y la Comunidad Internacional Bahá'í, sino también por defensores de la justicia de Irán y de todo el mundo.
Dado que durante los últimos veinte años el gobierno de la República Islámica de Irán ha sido plenamente consciente del trabajo de estas personas en la administración de los asuntos de la comunidad bahá'í, acusarles ahora de actividades ilegales es tan carente de fundamento e injusto como inexplicable. Nuestra carta abierta de fecha 4 de marzo de 2009 dirigida al Fiscal General de la República Islámica de Irán establecía en detalle el carácter espurio de los cargos
presentados contra los Yaran, y le remitimos a ella para su consideración. Una lectura objetiva de dicha carta confirmará que no hay prueba alguna sobre la que la República Islámica se pueda apoyar para afirmar que los bahá'ís de Irán, entre los que se encuentran estos siete creyentes, representan la más mínima amenaza para el orden público o el bienestar de esa tierra.
No existe ni una sola prueba que respalde la acusación de que estos bahá'ís pretendíanponer en peligro la seguridad nacional, participar en actividades subversivas o hacer propaganda contra el régimen, cargos que los acusados mismos han denegado categóricamente. Tales acusaciones no se corresponden en absoluto con el historial sobresaliente de los bahá'ís de Irán y de todo el mundo, quienes consideran el servicio a su tierra natal y a la humanidad como una obligación moral ineludible; ni tampoco concuerdan en absoluto con las enseñanzas bahá’ís, las cuales indican que
“en todo país donde resida algún miembro de este pueblo deberá comportarse para con el Gobierno de ese país con lealtad, honestidad y veracidad”.
El enfoque adoptado por el poder judicial y las acusaciones impuestas contra estas personas constituyen, una vez más, una violación evidente de la libertad de conciencia y de creencia de los ciudadanos iraníes, e infringen de forma descarada el artículo 14 de la Constitución iraní, el cual estipula:
“De acuerdo con el versículo sagrado ‘Dios no os prohíbe que tratéis con amabilidad y equidad a quienes no han combatido contra vosotros por causa de la religión, ni os han expulsado de vuestros hogares’ [60:8], el gobierno de la República de Irán y todos los musulmanes tienen la obligación de tratar a los no musulmanes con amabilidad, en conformidad con los principios de justicia y equidad islámica, y de respetar sus derechos humanos”.
Estos siete presos, los cuales atraviesan ahora el tercer año de lo que recibe, desvergonzadamente, el nombre de detención “provisional”, han sido sujetos a todo tipo de humillaciones y violaciones de sus derechos fundamentales. Su gran determinación y su carácter gentil ante las tribulaciones que han sido obligados a soportar contrastan con la brutalidad de sus opresores, y dan fe de su longanimidad y pureza de intención. Ésta es una verdad que el noble pueblo de Irán puede ver ahora. Los informes que hemos recibido indican que compañeros reclusos admiran su conducta y comportamiento, les ven como luces de esperanza y fuentes de consuelo y desahogo, buscan fortaleza a través de su sabiduría y les consideran como símbolos del espíritu libre y corazón sincero que caracteriza al pueblo de Irán.
Su Señoría, le preguntamos:
¿qué propósito cumple el intento de extinguir estos atributos morales y cualidades espirituales?.
¿Son esos actos de opresión fieles a los principios ensalzados por el profeta Muhammad (la paz sea con Él)?.
Sin duda en la prisión de Gohardasht hay otros reclusos inocentes.
¿Cómo puede permitir que se someta a persona alguna al terrible estado de suciedad, pestilencia y enfermedades de esa prisión, y a la privación de instalaciones de higiene personal básica?. Esas condiciones detestables y degradantes son indignas incluso para el más peligroso de los criminales.
¿Cree el gobierno de Irán que los principios de compasión y justicia islámica están en conformidad con las imposiciones de dichas circunstancias sobre los ciudadanos?.
¿Por qué se ignora la apremiante necesidad de los prisioneros de cuidados y tratamiento médico?.
¿Quién será llamado a rendir cuentas si la salud de alguno de estos siete creyentes se agrava?.
¿Por qué no se les proporciona a estas personas inocentes una alimentación adecuada y por qué están confinadas en celdas de espacio tan reducido que les resulta difícil tumbarse o incluso ofrecer sus oraciones diarias?.
¿Por qué el poder judicial les ha privado cruelmente de su derecho de disfrutar de un permiso carcelario?.
¿No pretenden todas estas privaciones quebrantar su ánimo y el de los demás bahá'ís de Irán?.
Considere cómo se está forzando constantemente a los miembros de la comunidad bahá'í a soportar calumnias sobre sus creencias y la tergiversación de su historia en los medios de comunicación respaldados por el gobierno;
a aguantar provocaciones en las calles, provenientes de los púlpitos y con el apoyo de ciertas autoridades, que incitan odio contra ellos;
a sufrir encarcelamiento ilegal;
a verse privados de acceso a una educación superior y a los medios para ganarse la vida;
a que sus hijos sufran abusos y sean el blanco del desprecio en las escuelas, y a ser testigos de la destrucción de sus propiedades
y la profanación de sus cementerios con el apoyo y aprobación de las autoridades del gobierno.
Y aún así, ¿qué resultados han producido esos empeños?.
La respuesta de los bahá'ís de Irán a la persecución que han sufrido durante las últimas décadas les ha convertido, a ojos de la población iraní, en personificaciones del apego inquebrantable al principio espiritual y de la resistencia constructiva ante la opresión. Lo que es más, esto ha contribuido a elevar el deseo de la población de conocer las verdades de su Fe.
En enero de 2010, la Casa Universal de Justicia, el órgano internacional de gobierno de la Fe bahá’í
Asimismo, en nuestra carta del 4 de marzo de 2009 dirigida al Fiscal General de la República Islámica, señalamos que las decisiones del poder judicial iraní con respecto a los bahá'ís tendrán repercusiones que irán más allá de la comunidad bahá'í de ese país y afectarán a la libertad de conciencia de todos sus ciudadanos. Albergábamos la esperanza de que, por el bien del honor y reputación de Irán, el poder judicial procuraría ser justo en su sentencia.
Los bahá'ís no son "otros" en su país; son una parte inseparable de la nación iraní.
Las injusticias perpetradas contra ellos son un reflejo de la terrible opresión que ha envuelto a la nación.
En este momento, el que respetase los derechos de los bahá'ís iraníes sería una señal de su voluntad de respetar los derechos de todos los ciudadanos de su país. Enmendar las injusticias que los bahá'ís han sufrido haría renacer, en los corazones de todos los iraníes, la esperanza de que usted está dispuesto a garantizar la justicia para todos.
Nuestro llamamiento, por tanto, es un llamamiento a favor del respeto de los derechos de todo el pueblo iraní.
Con corazones llenos de amor por Irán y del ardiente deseo de contemplar la exaltación y glorificación de esa tierra,
le exhortamos que, como Jefe del Poder Judicial, libere de la prisión a los antiguos miembros de los Yaran y, junto con ellos, a todos los bahá’ís que están encarcelados en todo el país.
Entre ellos se encuentra la Srta. Haleh Rouhi, la Srta. Raha Sabet y el Sr. Sasan Taqva, los tres jóvenes bahá'ís que
han comenzado su cuarto año de encarcelamiento en Shiraz acusados por el crimen de ayudar a niños pobres a aprender a leer y escribir.
De la misma manera, pedimos que se les conceda a los bahá'ís de ese país sus plenos derechos de ciudadanía para que puedan cumplir con su ferviente deseo de contribuir, junto con sus conciudadanos, al progreso de su nación.
Esto no es nada más de lo que usted exige legítimamente para las minorías musulmanas que residen en otros países.
Los bahá’ís simplemente piden el mismo trato por su parte.
Respetuosamente,
Comunidad International Bahá'í
cc: Misión Permanente de la República Islámica de Irán ante Naciones Unidas.
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